En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, la Asamblea Departamental solicitó al mandatario intervención URGENTE para que fije la franja de precios al productor de arroz y los molinos, ya que que dejaría en una profunda recesión económica al departamento, acabando con la única opción agrícola rentable en la región.

Cordial saludo, Señor Presidente:

Manifiéstanos nuestro deseo porque todas sus actividades se formen y lleven a cabo de manera exitosa.

Es preciso resaltar la voluntad política e institucional del departamento de Casanare en la consecución de las metas propuestas por el gobierno nacional no solo en su plan de desarrollo “Todos Por un Nuevo País, Paz, Equidad, Educación” sino en el arduo trabajo para la obtención de la Paz;

Tras varias reuniones con los medianos y pequeños arroceros del departamento se ha evidenciado la profunda preocupación por la posición que han adoptado de manera unánime los molinos en cuanto a la baja del precio por kilo, inicialmente pactado en 890 pesos a un precio hoy de sólo $800 pesos, lo que genera una grave afectación e incluso la quiebra de los campesinos productores y consecuentemente una crisis de la economía del departamento, pues no es un secreto que uno de los pilares fundamentales de nuestra economía está basada en la producción de arroz, entregando al país alrededor de ochocientas mil (800.000) tonelada, las cuales a ese precio generaría pérdidas aproximadas de ciento cuarenta y cuatro mil millones ($144.000) de pesos.
Así las cosas generamos un llamado de auxilio al gobierno nacional para que detenga la práctica sistemática y abusiva de la industria molinera que fija precios a la baja del producto afectando de forma irreversible la economía de los arroceros y llevándolos inevitablemente a la quiebra y consigo ahondando el problema social de desempleo y pobreza que aqueja a nuestro departamento.

Por lo anterior, requerimos de manera urgente de su gestión y diligencia en cuanto a la fijación de la franja de precios entre productores y molineros, pues a la vista la situación se asemeja a la que en otrora se suscitó con los precios del azúcar en el país que requirió de la intervención del gobierno nacional para la estabilización de precios y la generación de seguridad jurídica y económica a los pequeños y medianos productores de arroz que derivan de ello su sustento y la solvencia de la economía del departamento.

Esperamos desde la institucionalidad sea tenido en cuenta este S.O.S, para que se tomen las medidas jurídicas pertinentes, que solucionen el impase que acaece y tiende agravarse, y así poder dar un espaldarazo desde el liderazgo político regional que contribuya a la recuperación de la confianza de los campesinos y productores de arroz en todo el país.

Sin otro particular.

Atentamente;

JULIAN ALBERTO ROA HERNANDEZ SONIA SHIRLEY BERNAL SÁNCHEZ
Pte. Asamblea de Casanare. Diputada.

HOMERO EDUARDO ABRIL HURTADO
Segundo Vicepresidente

Así lo afirmó el Diputado Diego Aranguren en una reunión adelantada hoy con la comunidad de este corregimiento de Tilodiran en Yopal, donde socializó los alcances del proyecto de masificación de gas para las 170 familias; gestión que se adelantan desde hace varios meses con el respaldo del también diputado Manuel Enrique Albarracín.
“No sólo estamos trabajando para conseguir recursos del gobierno departamental para este sector, también para el #Corregimiento de la Chaparrera y Punto Nuevo de #Yopal con el fin de realizar obras de beneficio para la comunidad ” señaló Diego Aranguren

Este sábado 12 de agosto a partir de las 6pm se instalará formalmente el periodo de sesiones extraordinarias en la corporación.
Mediante decreto 0231 del 2017 el Gobernador de Casanare convoco a sesiones extraordinarias a la corporación desde el 12 hasta el 16 de agosto de 2017.
El objetivo será analizar tres Proyectos de Ordenanza:
Proyecto de Ordenanza “Por la cual se modifica la ordenanza 016 del 15 de diciembre de 2015 y se dictan oras disposiciones.
Proyecto de Ordenanza “Por la cual se concede una autorización al Gobernador del Departamento de Casanare para la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras”
Y Continuar con el trámite del Proyecto de Ordenanza 012 de 2017 , bajo la ponencia del Diputado Manuel Enrique Albarracín "Por medio del cual se modifica el numeral 6 del artículo 88 de la Ordenanza No 015 de 2015 (Diciembre 14) mediante el cual se expide la norma orgánica del presupuesto general del departamento de Casanare"

El primer vicepresidente de la Asamblea afirmó que se hace necesario convocar a la dirigencia política de los departamentos y municipios productores de petroleó; con el objetivo de solicitarle al gobierno nacional una redistribución equitativa de los recursos de regalías y la eliminación de los OCAD que han generado un cuello de botella en las regiones.
“Los OCAD se han convertido en una sinvergüenzura que están suplantando las funciones de las Asambleas Departamentales y los concejos, donde un proyecto se demora hasta un año en proceso de viabilidad y somos nosotros los que conocemos la verdadera necesidad de nuestro pueblo” señaló Luis Hernando Otálora
La intervención la realizó durante el Congreso Nacional de Diputados adelantado por Confadicol en la ciudad de Medellín, donde también participa el Presidente de la Asamblea Julián Roa.
Para Otálora es injusto la distribución de recursos que se adelanta en el país, puesto que los municipios petroleros hoy deben asumir una problemática social derivada de la actividad, sin contar con la solides económica desde las entidades territoriales para financiar proyectos en diferentes sectores.
Finalmente, el diputado presentó un documento formal con la propuesta para buscar la unión de diferentes corporaciones en el país y hacer una defensa unánime de los recursos de las regiones productoras.

Se avecina una grave situación económica para los productores de arroz en Casanare por cuenta del bajo precio que están pagando los molineros y que dejaría en una profunda recesión económica al departamento, acabando con la única opción agrícola rentable en la región.

El presidente de la Asamblea Julián Roa y la Diputada Sonia Bernal denunciaron que las empresas Molineras tomaron la decisión de pagar a $800 el kilo del cereal, fijando precios a la baja que no se veían en el sector hace más de una década y que ponen en jaque a los arroceros, llevándolos inmediatamente a la quiebra.

En Casanare se están produciendo cerca de 800.000 Ton que cuestan alrededor de $720.000 millones, que de pagarse al precio fijado por los molinos, dejaría perdidas al departamento por $144.000 millones.

Los agricultores solicitaron a los diputados la intervención para evitar el descalabro financiero que se aproxima por tal decisión de la industria molinera quien de forma sistemática y abusiva ha venido afectando y afectaría a los productores de no acogerse a un acuerdo de precios, incentivo al almacenamiento o a alguna medida que sea un alivio para el sector.

“Desde la dirigencia política en cabeza del Gobernador, buscaremos que los industriales revisen su decisión de establecer un precio al cereal, que debe ser concertado para generar un equilibrio en el sector”, insistió Julián Roa.

Es importante señalar que en el departamento están operando cerca de una docena de molinos de los cuales, Diana es el más grande y fue instalado hace más de 10 años; Roa, construirá su instalación en el municipio de Pore; Unión de Arroceros, que tendrá sede en Nunchía; Sonora ubicado en el municipio de Aguazul, Arroz Blanquita esta en Aguazul y Molino el Yopal en la capital del departamento, sumado a otros considerados pequeños por ser compradores locales.

Actualmente estos molinos financian, proveen de insumos y compran el arroz, mostrando como ocupan más de un eslabón de la cadena arrocera, causando con esto un desequilibrio que solo afecta al agricultor, al cual solo le queda entregar su cosecha como un cruce de cartera a lo que se lo decidan comprar, aun si este precio es de quiebra.

La Diputada Sonia Bernal, advirtió que alcaldes y concejales hacen constantemente esfuerzos tributarios para que la industria molinera pueda establecerse en sus municipios, aprobando beneficios y/o exenciones de impuestos; pero que en la actualidad no son retribuidas afectando sus decisiones comerciales al eslabón más débil de la cadena productiva, como lo es el agricultor, sus familias y todas aquellas personas que dependen de la actividad agrícola.

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